En estos últimos días, en Colombia ha sido noticia la estafa de la que han sido objeto más o menos 2 millones de colombianos por cuenta de las famosas pirámides. Pero aparte de la estafa se escuchan voces sobre la responsabilidad del estado en virtud de la omisión en la que incurrió por no investigar y cerrar prontamente estas actividades delictivas lo que llevó a que se permitiera la propagación de dichos establecimientos y por ende del aumento exponencial de colombianos estafados.Si bien es cierto el estado no actuó con la debida diligencia en la investigación de estos establecimientos de comercio, esto no es suficiente para que los colombianos consideremos que se debe responsabilizar al Estado y que éste debe buscar la forma de resarcir pecuniariamente a los afectados, ya que le consta a la comunidad que diversas autoridades advirtieron de la peligrosidad de invertir en estas pirámides en razón a que los rendimientos que ofrecía permitían indicar que posiblemente provenía de actividades delictivas o que estas mismas eran una actividad delictiva. Pero a los 2 millones de colombianos no les interesaron las advertencias y pudo más la avaricia y el dinero fácil, por lo cual arriesgaron todo.
Los disturbios que se han presentado, son por cuenta de la rabia de haber sido, perdonen la expresión, tumbados por tontos; lo cual nos enseña o más bien nos recuerda, que el único digno de su salario es el que trabaja.
Ahora, no contentos han surgido otros inescrupulosos que posiblemente van a aprovechar esa situación para iniciar demandas de responsabilidad del Estado por omisión y que buscarán despojar a las incautas víctimas de las pirámides de lo que les queda, en un juego de demandas temerarias que posiblemente no lleguen a prosperar; por la sencilla razón, de que en mi criterio, es culpa exclusiva de la víctima ya que es un hecho notorio (en este momento histórico y en otros en el pasado reciente) que este tipo de negocios bajo la estructura de pirámides económicas, han dejado en la ruina a los crédulos que confían en ellas.
Conocedores de la situación y de los riesgos de desarrollar esa actividad, los asumen por el deseo de un a riqueza rápida. En ese orden, es éste conocimiento y notoriedad del hecho el que hace que se configure la culpa de la víctima y por tanto el Estado pueda demostrar con solvencia su deber de no responder ante estos hechos.
Por lo anterior, debemos estar prestos a no caer en manos de inescrupulosos que sobre la angustia ajena van a construir pirámides jurídicas para estafar lo poco que les queda a los colombianos que dejaron sus ilusiones en manos hábiles constructores de castillos de naipes.
