NUEVA LEY QUE ORGANIZA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (Media y supeiror)

El 13 de julio de 2009, el Presidente de la República sancionó la Ley 1324, que busca organizar el sistema de evaluación de los resultados de la evaluación de la educación superior. Esta ley puede mirarse desde diversos ángulos: Primero, como sistema de evaluación que establece principios, objetivos y procedimientos para la organización del sistema y de las pruebas mediante las cuales se evalúa la calidad de la educación media y superior. Sin entrar en la profundidad que amerita el tema, es un avance establecer parámetros legales para diseñar un sistema más democrático y con reglas claras; si bien sigue siendo muy general y deja a los reglamentos la regulación y desarrollo de muchos de sus contenidos, ya existen ciertos parámetros que permiten un mejor control a la actividad reglamentaria del Gobierno sobre el tema.

Al respecto, un aspecto interesante, es la creación de una comisión de seguimiento en el Congreso de la República a la reglamentación y ejecución de la ley por parte del Gobierno, que obedece a un principio sano del sistema de tridivisión de poderes. Asimismo, se hubiera deseado que la Ley fuera más concreta, pero por lo menos fijó principios que son valiosos como herramientas limitantes a las facultades reglamentarias del Gobierno.

Segundo, desde el punto de vista de los estudiantes y de las Instituciones de Educación Superior (IES), plantea mandatos imperativos que ayudarán a una evaluación real de la calidad de la educación superior. Con el fin de acabar con la práctica que se presentó en aplicación de las pruebas ECAES, de presentar al examen sólo a los mejores estudiantes de un programa, ahora es obligatorio que todos los estudiantes de los cursos que se evalúan, sean inscritos por las IES para presentar la prueba; si bien esto ya regía, no existía un mecanismo para obligar controlar el cumplimiento de la disposición, en razón que el Estado dejó a la autonomía universitaria el valor interno de la prueba y utilidad para sus graduandos, lo cual llevo a buscar cumplir el requisito presentando solo a los mejores para obtener mejores figuraciones.

Ahora, no solo continúa siendo deber inscribir a todos los estudiantes por parte de las IES, sino que además es requisito legal para optar por el título profesional, técnico o tecnológico respectivo, lo cual deberá asegurar que las IES no violen el principio de igualdad contenido en la ley.

Lo anterior parece indicar que el requisito es “presentar” no “pasar”; ya que si el espíritu de las pruebas es el mismo que el de los ECAES, esta no es una prueba que se apruebe o repruebe de forma cuantitativa, sino más bien una evaluación diagnóstica que ofrece información a las instituciones sobre el proceso de formación de sus estudiantes. En ese orden, es responsabilidad de las Universidades y sus procesos académicos, la obtención de resultados de alta calidad; para lograrlo es necesario que las IES, inviertan recursos importantes en el mejoramiento de su proceso académico y por ende el de sus estudiantes en el contexto nacional.

Por otro lado la Ley, en mi criterio, dejó un bache que se refiere a la utilidad de la prueba después del grado; ya que se limitó a decir que es requisito para ingresar solamente a los programas de pregrado de la educación superior y no dijo nada de formación en postgrados. Lo anterior implica que la obtención de buenos resultados depende de la dinámica interna de cada IES, ya que por lo menos las pruebas de estado que evalúan la educación media se encuentra ligada al ingreso a la educación universitaria en pregrado; en cambio, las pruebas que evalúan la educación superior no se encuentran ligadas a algún nivel de educación como los postgrados, lo cual, como ya se dijo, supone un gran esfuerzo académico de formación y de concientización a los estudiantes por parte de las IES para que éstos tomen en serio estas pruebas y colaboren de forma consciente en la evaluación de la educación Superior.

El tercer punto de vista, se refiere a la reestructuración del ICFES, que es un tema de función pública y de presupuesto. Positivo, que el icfes se convierta en un ente destinado solo a la evaluación lo cual permitirá destinar los recursos al mejor diseño de las pruebas de evaluación externa, tan criticadas en cuanto a la metodología de elaboración, ejecución y análisis; por otro lado al estar bajo la dependencia del Ministerio de Educación, se esperaría una mejor coordinación en lo que tienen que ver con las políticas de mejoramiento de la educación superior.

En conclusión el sistema esta planteado, pero para una mejor comprensión es necesario esperar la reglamentacióndel tema por parte del Gobierno con el fin de tener un sistema más completo desde el punto de vista legal.

RUMORES DE GUERRA.

El comentario será breve. En estos últimos días se han escuchado voces de guerra de nuestros gobiernos vecinos, Venezuela y Ecuador. Que decir, si bien todo lo desatan las bases norteamericanas en Colombia, no es, en mi criterio, suficiente para que se hable de guerra, sobre todo con la ligereza que se hace, como quien cuenta docenas de naranjas.

Es poco serio, partiendo de la base de los profundos problemas internos de los tres países involucrados en la crisis de relaciones exteriores, que los gobiernos de Correa y Chávez, lancen voces patrióticas nacionalistas alrededor de un tema tan doloroso como la guerra. Ecuador y Venezuela, bajo un modelo de izquierda, al igual que Colombia bajo un modelo de derecha, han profundizado la diferencia social y han abierto más la brecha entre ricos y pobres.

Así, en los tres casos, y no es más que una opinión apriori, la guerra no es más que un mecanismo distractor de los verdaderos problemas que aquejan a nuestras tres naciones, entre estos uno de los más complejos socialmente, el hambre, el cual es el principal detonador de la crisis de la sociedad moderna globalizada.

Los colombianos estamos en una guerra interna que parece de nunca acabar, y ahora debemos lidiar con rumores de guerra de dos naciones que ya hace varios años no viven ese tipo de conflicto y que han olvidado lo doloroso que es vivir en medio de la violencia por la violencia.

Sería más serio, fortalecer las relaciones comerciales, dinamizar las fronteras y jalonar el progreso económico, redistribuir mejor la riqueza y robar menos; si, robar menos, ya que fuese cual fuese el modelo político los aqueja el mismo problema, la corrupción. Ya que, se puede robar en nombre del pueblo o de la oligarquía, pero es lo mismo y el único perjudicado es el grueso de la población que se sume cada vez más en una crisis económica, social, política, moral y jurídica que no permite vislumbrar un futuro más digno y generoso.

Por eso, debemos evitar dejarnos exacerbar bajo las voces de la guerra, más bien como sociedad civil apoyar propuestas de paz y desarrollo, protestar contra las políticas y planteamientos bélicos y reclamar de nuestros gobernantes la ejecución de políticas sociales en vez de políticas armamentistas que justifique el exagerado gasto militar.

(Fotografias: Fuente Cambio.com)

COLOMBIA - DINERO FACIL- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

En estos últimos días, en Colombia ha sido noticia la estafa de la que han sido objeto más o menos 2 millones de colombianos por cuenta de las famosas pirámides. Pero aparte de la estafa se escuchan voces sobre la responsabilidad del estado en virtud de la omisión en la que incurrió por no investigar y cerrar prontamente estas actividades delictivas lo que llevó a que se permitiera la propagación de dichos establecimientos y por ende del aumento exponencial de colombianos estafados.

Si bien es cierto el estado no actuó con la debida diligencia en la investigación de estos establecimientos de comercio, esto no es suficiente para que los colombianos consideremos que se debe responsabilizar al Estado y que éste debe buscar la forma de resarcir pecuniariamente a los afectados, ya que le consta a la comunidad que diversas autoridades advirtieron de la peligrosidad de invertir en estas pirámides en razón a que los rendimientos que ofrecía permitían indicar que posiblemente provenía de actividades delictivas o que estas mismas eran una actividad delictiva. Pero a los 2 millones de colombianos no les interesaron las advertencias y pudo más la avaricia y el dinero fácil, por lo cual arriesgaron todo.

Los disturbios que se han presentado, son por cuenta de la rabia de haber sido, perdonen la expresión, tumbados por tontos; lo cual nos enseña o más bien nos recuerda, que el único digno de su salario es el que trabaja.

Ahora, no contentos han surgido otros inescrupulosos que posiblemente van a aprovechar esa situación para iniciar demandas de responsabilidad del Estado por omisión y que buscarán despojar a las incautas víctimas de las pirámides de lo que les queda, en un juego de demandas temerarias que posiblemente no lleguen a prosperar; por la sencilla razón, de que en mi criterio, es culpa exclusiva de la víctima ya que es un hecho notorio (en este momento histórico y en otros en el pasado reciente) que este tipo de negocios bajo la estructura de pirámides económicas, han dejado en la ruina a los crédulos que confían en ellas.

Conocedores de la situación y de los riesgos de desarrollar esa actividad, los asumen por el deseo de un a riqueza rápida. En ese orden, es éste conocimiento y notoriedad del hecho el que hace que se configure la culpa de la víctima y por tanto el Estado pueda demostrar con solvencia su deber de no responder ante estos hechos.

Por lo anterior, debemos estar prestos a no caer en manos de inescrupulosos que sobre la angustia ajena van a construir pirámides jurídicas para estafar lo poco que les queda a los colombianos que dejaron sus ilusiones en manos hábiles constructores de castillos de naipes.